El concierto económico es un sistema de financiación propio con el que cuentan País Vasco y de Navarra (en el caso navarro, denominado convenio económico).
Con él se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre estos territorios y el Estado español.
Tiene su origen el el siglo XIX como consecuencia de la derrota de la III Guerra Carlista.
Tras la III Guerra Carlista se vivió en España la restauración monárquica y el canovismo (1875-1902). Cánovas del Castillo con la adhesión de los generales que combatían el Carlismo pudo preparar el manifiesto de Sandhurst por el que Alfonso XII abolía cualquier constitución anterior e instauraba la monarquía. Con la restauración monárquica volvía al poder la burguesía de base agraria latifundista y con ella el constitucionalismo doctrinario.
Por lo que la historia del Concierto se inicia con la ley de Abolición de los Fueros en 1876. Suprimido el Régimen Foral, tuvo su origen en la necesidad de arbitrar algún sistema por el cual Araba, Gipuzkoa y Bizkaia pagasen los impuestos al Estado, ya que Navarra había aceptado previamente un sistema similar. Queda claro que este sistema no tiene nada que ver con el régimen foral, si no que se trata de un sistema que surge precisamente tras su abolición.
Tras un largo recorrido lleno de vicisitudes, con la dictadura franquista por medio, el sistema concierto económico se reconoce en la Constitución española de 1978 como si fuera un sistema propio del sistema foral abolido en 1876.
En la actualidad, únicamente País Vasco y Navarra están fuera del régimen común de financiación. Cataluña está negociando un esquema que a priori también supondría su salida del sistema de financiación que tienen el resto de autonomías. Pero la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que lo que los socialistas pactaron con ERC para propiciar la investidura de Salvador Illa como presidente catalán “ni es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación”.
El sistema actual de concierto económico funciona de la siguiente manera; el País Vasco y Navarra recaudan todos los impuestos que pagan sus ciudadanos. El Gobierno Vasco lo hace a través de las tres Diputaciones Forales (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia) y la Diputación Foral de Navarra a través de su Hacienda Foral. Todo este dinero se queda en las arcas autonómicas del País Vasco y Navarra, salvo un porcentaje que se transfiere al Estado. Esta transferencia se conoce como “cupo” en el caso vasco y como “aportación” en el navarro.
En el resto de autonomías el sistema funciona al revés, es la Agencia Tributaria la que recauda y reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica. Este sistema está pendiente de ser reformado por crear distorsiones entre los territorios de régimen común.
Estas aportaciones establecidas en el concierto y el convenio económico, sirven para cubrir los servicios que la Administración central presta en estos territorios y otros servicios comunes para todos los ciudadanos. Estos suelen estar ligados al presupuesto en Defensa, a las relaciones exteriores, a las labores ligadas a la pertenencia a la Unión Europea o a la Corona.
Los índices del cupo y de la aportación del País Vasco y Navarra son del 6,24% y el 1,6% respectivamente. Se trata del peso que tenía cada una de estas autonomías sobre el total del Estado en 1982.
Según los Presupuesto de la Administración General del Estado, correspondientes al cierre de 2023, el País Vasco aportó 1.682 millones de euros en concepto de “contribuciones concertadas” y otros 58,6
millones de euros en concepto de “compensaciones financieras”. Navarra, por su parte, contribuyó con 765 millones euros al Estado.
Ioar Mendia Aguirrezabala
