A nadie se le escapa que la última parte del siglo pasado si por algo se caracterizó fue por la total reestructuración de la economía mundial, con la aparición de la denominada globalización, o como indican algunos autores de manera más acertada mundialización. Una mundialización que se destaca por la forma en la que las empresas capitalistas se mueven en el mercado y la rapidez con la que transaccionan los recursos, generándose en buena parte la creencia de que el futuro le corresponde únicamente a la economía capitalista, como ya adelantara Fukuyama en «El fin de la historia y el último hombre” (1992).
Esa tendencia de aceptar lo inevitable, lejos de asentarse en este ya entrado siglo XXI, se ha ido progresivamente consolidando en la sociedad actual de forma mayoritaria. Sin embargo, mientras que la reestructuración económica crea nuevos focos de prosperidad, también socava ésta en otros muchos lugares, y no solamente en el tercer mundo, en donde demasiadas veces aumenta la diferencia entre ricos y pobres.
En este contexto, el carlismo, siguiendo la estela de su pasado, debe ser reactivo, en la búsqueda de la libertad y la igualdad, con la participación íntegra y democrática de todas las personas en las responsabilidades y decisiones de su comunidad. Y esto se traduce, en su actual ideario, en la lucha por la reasignación de los elementos claves de poder que posibiliten la autorrealización de las personas.
Un carlismo que entiende debe existir unas bases fundamentales para esta nueva democracia, y unos mecanismos imprescindibles para la integración del ciudadano en las responsabilidades de la vida pública como son la empresa social, la comunidad regional o nacional y su prolongación el estado federal y autogestionario; y los partidos políticos populares, como vehículos para la participación integral de todos los ciudadanos en las decisiones políticas. Y es precisamente cuando el carlismo busca trabajar desde parámetros participativos para satisfacer las necesidades de todas las personas cuando se encuentra en el ámbito socioeconómico con el hecho cooperativo.
Un carlismo que debe reconocer, y así lo hace, a la economía social, y muy particularmente a las cooperativas, como alternativa a la economía globalizada. El movimiento cooperativo debe ayudar a mostrar el coste del sistema capitalista y proponer, como así señala la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una mejor manera de abrazar el futuro.
En este contexto, ante la incapacidad del capitalismo de resolver un problema que su propia lógica evolutiva ha generado, la improbabilidad de que el Estado cada vez más privado de mecanismos de regulación eficaces pueda lograrlo y la demostrada ineficacia de las burocracias para movilizar la creatividad y la confianza del ciudadano, se impone la búsqueda de nuevos mecanismos de solución de carácter participativo. Así, el cooperativismo está llamando a convertirse en piedra angular de esta estrategia; estrategia que, al tiempo que persigue la satisfacción de necesidades económicas y sociales, es vehículo para la consecución de la autoestima y germen de la democracia participativa.
Una participación que no puede quedarse en la propia empresa, en la cooperativa, sino que produce efectos beneficiosos que trascienden a la totalidad de la sociedad. Así: aumenta la igualdad de oportunidades al romper los procesos monopolísticos de la toma de decisiones, aumenta el grado de compromiso en el entorno social, contribuye a la interiorización de culturas de comportamiento organizacional, incrementa el grado de confianza en el sistema, etc.
Pero en este modelo de participación empresarial como es el cooperativo, siempre alternativo al capitalista, deben de participar de manera activa todas las personas que forman parte del mismo. Y decimos esto porque las cooperativas no sólo tienen el reto de combatir un sistema que cree haberse convertido definitivamente en el único, sino que el reto más importante al que se enfrentan estas empresas viene de su interior. Nos estamos refiriendo a la capacidad de motivar la participación de los propios cooperativistas en la actividad, de la participación de los cooperativistas en la posición de la cooperativa en el mercado y por extensión en la propuesta de un sistema mucho más equitativo y justo frente a otro que, a pesar de sus innegables logros, es en su funcionamiento diario y en su núcleo teórico un orden económicamente injusto y basado en la explotación.
Porque, en efecto, tanto el carlismo como el cooperativismo han sido desde siempre reactivos. El primero no resignándose a la pérdida de protagonismo de la comunidad y de la persona, y oponiendo a ello la tradición, la tierra, la comunidad, la ideología y la libertad como motores de cambio. El segundo, atendiendo originalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII a la llamada cuestión social, haciendo frente a los desajustes que producía la industrialización y en general el incipiente capitalismo. Unas primeras experiencias de sociedades cooperativas de producción como las desarrolladas por mujeres tejedoras en Fenwick (1761) y más tarde en Goran (1777), sí como la del molino harinero de Hull (1795), y la de los “Impresores de Londres” (1821). Un cooperativismo que hoy se proyecta en todo el mundo y en todos los sectores: industria, vivienda, consumo, enseñanza, sanidad, servicios… Más del 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de los 3 millones de cooperativas del planeta que generan unos ingresos de aproximadamente 2,14 billones de dólares, al mismo tiempo que suministran los servicios y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar.
Son muchas las experiencias exitosas que podemos citar en nuestro país, siempre vinculadas al hecho cooperativo, como las cooperativas de trabajo asociado, hoy sin duda referencia a nivel internacional, o las ikastolas, en Euskal Herria; las de viviendas protegidas impulsadas en su momento por los sindicatos en todo España; o las agrarias en la cuenca mediterránea y sur del país; sin olvidar incipientes iniciativas vinculadas a la vivienda colectiva en régimen de cesión de uso o la producción energética. Pero, sobre todo, todas estas experiencias están basadas en la cooperación entre iguales, el altruismo, el trabajo en equipo y la toma de decisiones consensuadas, y que son maneras de proceder que se valoran socioculturalmente y que por tanto se van transmitiendo generación a generación, pasando a formar parte del modo de comportamiento socialmente aceptado en nuestro contexto. En suma, experiencias que van conformando también nuestra tradición y generan modelos de activación social.
Las cooperativas no son un modelo marginal, por tanto, como tampoco debiera serlo el carlismo, por lo menos en nuestro entorno más cercado, en la medida que comparte estos valores de la cooperación entre las personas y el enraizamiento en su propia comunidad. Cooperativismo y carlismo, vías que hoy se encuentran en la búsqueda de la autogestión como realización de la persona, como fórmula de justicia y solidaridad individual y colectiva; y que propugnan modelos reactivos en donde las personas sean dueñas de su futuro y no se encuentren en manos de las grandes corporaciones mercantiles que tan libremente actúan en la actualidad gracias al modelo neoliberal, y poder contribuir de esta forma a la consecución de esa sociedad civil y participativa que administrase el derecho en beneficio de todos y que los ilustrados del siglo XVIII se atrevieron a imaginar.
Santiago Merino Hernández
