julio 14, 2024

El sistema sanitario

Desde que la pandemia de la Covid-19 obligó a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas a efectuar profundas transformaciones en los sistemas sanitarios, no fuimos pocos los trabajadores y usuarios de la sanidad pública que nos temimos que tan acusados cambios iban a abrir la puerta a lo que hoy en día es, sin posibilidad de eufemismo alguno, a una auténtica precarización de las condiciones de trabajo y de los servicios que prestamos.

Si bien es cierto que el proceso de desmontaje de los sistemas sanitarios públicos viene de hace décadas, y ha sido más acusado en las comunidades gobernadas por gobiernos neoliberales con sus ansias privatizadoras, nunca como ahora sus consecuencias han sido tan evidentes. En el terreno laboral los trabajadores observamos, fundamentalmente, una gestión de recursos humanos más propia de una empresa de trabajo temporal que de empresas y organismos públicos: bajas que no se cubren, con la consiguiente sobrecarga de los compañeros del trabajador/a enfermo, contratos de lunes a viernes para no pagar el fin de semana, cuando no por días u horas, imposibilidad de disfrutar de los días libres a los que se tienen derecho, horas extra pagadas mucho más baratas que las ordinarias, asunción de dobles o triples consultas…

Para los usuarios, el sistema sanitario se ha vuelto mucho más inaccesible, no sólo en la atención especializada, con la implantación de las consultas telemáticas y las listas de espera mortales, sino también en lo que hasta ahora denominábamos “el nivel sanitario más cercano al ciudadano” o “la puerta de entrada al sistema “,la atención primaria, y que ahora vemos que puede llegar a ser una puerta muy estrecha.

Pero ¿qué ocurre con la atención primaria, que parece la más deteriorada tras la convulsión de la pandemia? ¿Por qué se están ensañando de ese modo con ella las consejerías de salud de los distintos gobiernos?

Varios son los motivos, y aquí no vamos a poder abordarlos todos, pero, sin duda, la conjunción de todos ellos está generando una auténtica tormenta perfecta contra este nivel asistencial:

-La atención primaria no se puede privatizar, por mucho que lo quisieran los políticos destructores de lo público: no sería rentable, al menos con la rentabilidad que buscan las grandes empresas del ramo, algunas de ellas multinacionales, centradas en las jugosas externalizaciones de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas procedentes de la atención especializada. Lo que sí se puede es abandonarla y dejar de adaptarla a las nuevas necesidades que el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad precisan.

-Cuanto más atención primaria, menos especializada, mucho más cara y, como acabo de comentar, mucho más susceptible de privatizarse, si no en su totalidad, sí en lo que a las empresas les interesa. En la actualidad, la atención primaria resuelve el 80% de los problemas de salud con el 14% (en la región de Murcia 14,9%) siendo así el nivel más rentable, desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos y de elevación o mantenimiento del nivel de salud de la población. Cabe decir aquí que la OMS reclama a los gobiernos un 20% de los recursos sanitarios para la primaria.

-La atención primaria es, o debería ser, una especie de “Pepito Grillo” que recuerda a los políticos y gestores de todos los niveles de la Administración sus obligaciones con la salud y el bienestar de los ciudadanos, al considerarlos de manera holística como personas con dimensión bio-física, pero también psicológica, social y espiritual.

Desde el centro de salud de cada zona básica (barrio o pueblo) se debe trabajar no solamente para atender las demandas de salud de la población, sino también para prevenir enfermedades y, más aún, para elevar el nivel de salud y bienestar de la persona, fomentando el empoderamiento de individuos y grupos, así como su participación en todo lo que les concierne, incluido el sistema sanitario y su gestión. Esto afecta a cuestiones tan diversas como la contaminación del aire, los accidentes laborales, la discriminación de minorías o grupos, la existencia de bares o casas de apuestas cerca de centros educativos o juveniles y la aportación de recursos para procurar un ocio saludable, por citar sólo unos pocos ejemplos.

-A base de insistir con el mantra de “no hay médicos” y, sobre todo, con una pésima gestión universitaria, se ha acabado volviendo realidad. Además, el maltrato a este nivel asistencial hace que estos especialistas huyan de los centros de salud y consultorios a otros puestos de trabajo (ambulancias medicalizadas, puertas de urgencias hospitalarias, por ejemplo). Igualmente, el tradicional maltrato a la profesión enfermera, es especialmente patente, al despreciarse a las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria, al no implementar ningún plan de inclusión de estas profesionales.

-La existencia de las gerencias únicas de área, que gestionan “desde el hospital” y con mentalidad hospitalocentrista y obviando la realidad psicosocial de las comunidades e individuos.

¿Podemos recuperar nuestra sanidad pública y, especialmente, nuestra atención primaria?

Obviamente sí, aunque no va a ser fácil, dada la continua acción propagandística, desde distintos niveles, en contra de “lo público” en general.

Como en toda lucha popular, la necesidad de autoorganización de los usuarios es imprescindible, y para este cometido, nos sirve de gran ayuda hacerlo a través de colectivos ya organizados integrados por personas sensibilizadas con la asistencia sanitaria: clubes de la tercera edad, asociaciones de mujeres, de usuarios de la sanidad pública o de pacientes de distintas enfermedades crónicas, deben ser punta de lanza en la reivindicación a favor de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, reivindicación que, sin olvidar ningún nivel asistencial, parecería razonable que ahora mismo se centrara en la atención primaria que, como digo, lleva décadas de abandono y ahora sale peor parada de la pandemia.

Capítulo aparte merecería la organización de las trabajadoras (que son también usuarias) en defensa de su “empresa” y de la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía.

Ni que decir tiene que los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT) y otros importantes del ámbito público o sanitario (CSIF,SATSE,CESM) hace mucho que dejaron de ser reivindicativos y luchadores en defensa de la sanidad pública, pasando a ser meros asesores o gestores de sus afiliados y simpatizantes, defendiendo, en el mejor de los casos, sus derechos individuales y prestándoles infinidad de servicios (muchos impropios), pero obviando sus derechos colectivos.

Parece, por tanto, ineludible recurrir a otros sindicatos (o crearlos) de corte asambleario, autogestionario y, sobre todo, combativos y luchadores que sirvan de herramienta útil para asesorar, ayudar y organizar a las trabajadoras en defensa de sus puestos de trabajo y de las condiciones en las que prestan sus servicios a la población, con una visión global y sociopolítica de lo que significan los servicios públicos en general y la sanidad pública en particular.

Manuel Lodeiro López

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