La Real Academia Española define al yuntero como “el hombre que posee una yunta y trabaja con ella a jornal.” Dentro de dicho concepto tanto cabe –cabía- el jornalero como el arrendatario e incluso el aparcero. Digamos, por añadidura, que el yuntero era una planta endémica de Extremadura.
En dicha región, coincidiendo con el fenómeno de la privatización de los montes públicos llevada a cabo durante el siglo XIX, se produjo la transformación en dehesas de un gran número de hectáreas de suelo agrícola. Se estimaba que en el primer tercio de dicho siglo un 19% de los trabajadores agrícolas de la provincia de Badajoz eran yunteros. El proceso de adehesamiento del campo extremeño comenzó en el s. XIX y se terminó en el primer tercio del s. XX. Es un hecho que la productividad de la dehesa aumentó gracias al trabajo de los yunteros.
Ha habido quien a la relación de servicios que mantenían los yunteros con los propietarios agrícolas la ha denominado “arrendamientos flotantes”, y ello lo ha sido para poner de relieve que no coincidía de un año para otro el terreno que araban dentro de la misma finca, sino que su ubicación cambiaba de un año para otro en función del espacio que el propietario se proponía adehesar, y de acuerdo con la preferencia que se asignara a cada uno de los aprovechamientos de los que es susceptible la dehesa, que ordinariamente respondían a la siguiente jerarquía u orden establecido: Ganadero-Forestal-Agrícola.
Con bastante frecuencia los grandes arrendatarios eran calificados de “parásitos vergonzosos”, pues a su papel de intermediarios entre los propietarios absentistas y los campesinos se unía la costumbre de retener los mejores pastos y subcontratar la labor a los yunteros, por un periodo de un año como máximo. Dicho en otros términos: los arrendatarios desempeñaban el papel de capataces.
En el año 1833 la región de Extremadura poseía una décima parte de los montes públicos de todo el país. A la altura del año 1920 un 75% de esos montes había pasado a manos privadas. Con esos datos es fácil comprender cómo Extremadura se convirtió en el epicentro del proceso privatizador, (o desamortizador, para mejor entendernos). De hecho se privatizaron más de medio millón de hectáreas. Como era inevitable, la privatización de los bienes comunales sirvió para empeorar la situación de amplios sectores de la población rural.
En el primer tercio del siglo XX se pasó de cultivar 600.000 hectáreas a más de 1 millón, y en gran medida ese salto cualitativo fue posible gracias al trabajo de los yunteros. Coincidiendo con ese proceso, el aprovechamiento forestal pasó a un tercer lugar, a continuación del ganadero que aparecía en un segundo puesto.
Este sistema o modelo que se acaba de describir se vino abajo por obra y gracia de la crisis del año 1929 y del advenimiento del régimen republicano.
La nueva etapa se caracterizó por varias circunstancias de nuevo cuño:
Se generaron expectativas de una reforma agraria integral, que sirvieron para movilizar a los campesinos. Por esas fechas la patronal agraria extremeña se quejaba de los muchos advenedizos a las faenas agrícolas que se habían reconvertido en yunteros, fenómeno que, a su vez, obedecía a las propias expectativas de trabajo que surgieron. Las declaraciones de los gobernantes insistían en que habría tierras para los yunteros. Un informe datado del año 1933 explicaba que por debajo de ese sector estaban los obreros manuales de la tierra, quienes por su parte, con toda legitimidad, aspiraban a promocionarse a la categoría de yunteros.
En otro informe sobre la provincia de Cáceres se decía que la aspiración de los yunteros a adquirir tierras sólo se podría satisfacer mediante la intervención de los poderes públicos y
que esa promoción supondría una mayor facilidad de que prosperase la ley de Reforma Agraria. A los yunteros los consideraban como “pequeños empresarios agrícolas”, en cuya mano estaba el poder triplicar el número de asentamientos en el campo.
Entre los años 1930 y 1935 la población extremeña creció un 5,5%, y sin embargo en ese mismo periodo en la provincia de Cáceres se destruyó más de un 12% del empleo agrario La pérdida de empleo en la provincia de Badajoz ascendió a un 5,5% el agrario, y a un 8,6% el empleo industrial y de la construcción. Sin embargo, en el resto de España el empleo en el sector secundario creció más de un 9%. ¿ A qué se debía esa disparidad de cifras? Sencillamente, a que la patronal agraria extremeña se negó a cultivar las tierras hasta no saber exactamente en qué iba a consistir la reforma agraria anunciada. Ante esta actitud, lógicamente creció de forma significativa la conflictividad social.
El cambio de signo de los poderes locales.-
Las elecciones municipales del año 1931 significaron el cambio de las relaciones de poder en gran parte de los pueblos españoles, el cual era fundamental para implantar uno u otro modelo de reforma agraria. Sin embargo, y a pesar del cambio de signo político, resultaba difícil desbancar a la oligarquía agraria, porque esta seguía contando con un número notable de concejales y con el apoyo de una gran parte de los jueces municipales. No hay que olvidar que muchos de los Ayuntamientos que se constituyeron a raíz de las elecciones de 1931 tan pronto como la oligarquía se percató del riesgo que corrían sus intereses entre los años 1933 y 1935 fueron sustituidos por las llamadas comisiones gestoras, en una maniobra por salir al paso del contrapoder que en esos momentos representaban las casas del pueblo. El efecto inmediato era que en aquellos pueblos en los que la izquierda había sido desplazada del poder municipal, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria naufragó a la hora de confeccionar los censos de campesinos, así como en la constitución de las comisiones de policía rural creadas para la puesta en ejecución del Decreto sobre laboreo forzoso.
La esperanza de la reconstitución del patrimonio comunal.-
Siguiendo con las medidas que fue articulando para el campo el régimen republicano, debe consignarse que dentro del Ministerio de Trabajo se constituyó una Comisión Técnica Agraria de la que partió en el mes de junio de 1931 la iniciativa de remitir a todos los pueblos unos cuestionarios en los que se preguntaba acerca de los despojos y alteraciones sufridos por los bienes comunales, de propios, realengos, dehesas boyales e incluso señoríos.
A los responsables políticos les sorprendió el gran porcentaje que alcanzaron las contestaciones, que fueron de carácter masivo. Casi todas ellas coincidentes en cuanto a las quejas que formulaban en relación con todos aquellos grandes propietarios que no contentos con su privilegiada situación no habían dudado en incrementar sus patrimonios a costa de los bienes comunales.
Quedó en evidencia que en el pueblo seguía arraigado el sentimiento de la propiedad comunal, y que la nueva actitud de los dirigentes políticos bastó para que renaciera la esperanza en poder recuperar los bienes públicos y rescatar los comunales, para cuya consecución también de forma unánime los pueblos reclamaron la aprobación una ley específica. (Ley que no llegó a promulgarse por las propias vicisitudes que sufrió el nuevo régimen).
El pueblo campesino estaba convencido de que la recuperación de los comunales significaría tanto el fin del paro obrero como el acceso permanente y garantizado de los yunteros a la explotación de las tierras.
Lo que si llegó a materializarse fue un decreto “apócrifo” insertado en la Gaceta, el cual carecía de la firma del jefe de gobierno Alcalá Zamora, y que dio lugar a la destitución de su cargo de Adolfo Vázquez Humasque, Director en ese momento del Instituto de Reforma Agraria.
Miguel Ángel Jiménez Martínez
