Quien visite en el País Valencià la ciudad de Xàtiva, patria de los Borgia, y acuda a su buen Museu de Belles Arts, se sorprenderá ante lo insólito de ver un cuadro de grandes dimensiones exhibido bocabajo. Se trata de un retrato de Felipe V, el primer borbón de la monarquía española, de mala memoria para los valencianos y muy especialmente para los setabenses, cuya ciudad masacró al igual que haría con Vila Real, incendiándola y hasta cambiando su nombre por el de “Colonia nueva de San Phelipe”, denominación muy ilustrativa y esclarecedora respecto a como consideraba a dichos territorios y no solo a los valencianos como también a los habitantes de los de la antigua Confederación de la Corona de Aragón.
Fue con los borbones con quienes se inició una clara deriva hacia el centralismo total, de corte colonialista, cuya permanente columna vertebral sería, y sigue siendo al cabo de mas de 300 años, la aniquilación del mayor signo de diferenciación y de conciencia nacional de tales pueblos, como de cualquier pueblo: el idioma, su idioma. Tendencia de absorción mediante tal aniquilamiento de su principal signo de identidad y que no solo permanece sino que tras una aparente pausa de unos recientes pocos años se ha fortalecido con el retorno a la gobernanza de la reacción totalitaria siempre fiel a uno de sus objetivos existenciales y que hoy presenciamos con su indisimulado afán de aniquilamiento de las realidades culturales, individualizadoras y de efectivo autogobierno de las naciones que al presente constituyen el oficialmente conocido como Estado español o Reino de España.
La trayectoria para alcanzar tal objetivo ha sido larga pero mantenida pese a tales aparentes
interrupciones -especialmente contemporáneas- y se inició con el mencionado primer borbón, que aportó a su reinado el centralista absolutismo francés.
Desde 1707, año del triunfo del ejército de Felipe V en la batalla de Almansa, tal centralismo se impuso primero en el País Valencià con todas sus consecuencias y derivados. Para el resto de territorios de la antigua Corona de Aragón aún faltaría un corto tiempo pues solo en 1714 y tras la ocupación de Catalunya por las tropas borbónicas no se extendería con total efectividad la política represiva de dicha monarquía, no cesando ya hasta nuestros días en sus varias formas destructoras.
Es curiosa la actitud de ignorancia o de fingida autoexculpación mediante la directa negación de la verdad que ininterrumpidamente, y sin importar los sistemas políticos, ha sido mantenida tal política aniquiladora. Así posiblemente la manifestación mas ilustradora y significativa por ser de quien procede y por su absoluta contemporaneidad (lo que le imprime un mayor valor) es lo que el actual ocupante del trono, Felipe de Borbón (VI), manifestó en su intervención el año 2016 al afirmar en el acto de entrega del Premio Cervantes de las letras españolas en el Paraninfo de la Universidad de Alcalà de Henares: “A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano”. Posiblemente ignoraba u olvidó todo lo legislado, ordenado e impuesto por el
poder central desde la victoria de su antepasado, el ya mencionado Felipe V, respecto al uso de cualquier otra lengua, “regional”, distinta a la castellana. Un ejemplo ejemplo: en 1715 se ordena “Que en la escuela no se permitan libros en lengua catalana, escribir o hablar en ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano”, lo que se reiteró en 1768. Y también que en 1716 el Consejo de Castilla estableciese que todo lo judicial, antes siempre actuado en catalán, “se escriba en adelante en idioma Castellano o Latín”.
Represión que no afectó solo a la enseñanza, o a los órganos de gobierno o judiciales, sino a cualquier actividad normal de la vida ciudadana, y ello de forma ininterrumpida. En 1772 otra Real Cedula obligaba a los comerciantes a que “lleven sus Libros en Idioma Castellano”.
Tampoco los espectáculos se librarían de igual represión: en 1801 (Instrucción de 11 de marzo) se establece que “En ningún teatro de España se podrán representar, cantar ni bailar piezas que no sean en idioma castellano.”
Hasta la Iglesia sufrió de igual imposición: en 1828 una Orden del obispado de Girona establece que los documentos eclesiásticos “en lo sucesivo se extiendan en idioma castellano, que es el idioma del Gobierno”, y hasta el catecismo fue obligatorio enseñarse en la lengua del estado: en 1715 se ordenaba que en las escuelas para los alumnos “la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano”.
Y nadie piense que tal política de imposición represiva solo afectó de forma directa a los territorios de lengua catalana (Valencia, Catalunya, Illes Balears), también Euskal Herria fue víctima de igual imperialismo idiomático. Ya en 1768 se mandaba que la enseñanza se hiciera en lengua castellana, poniéndose la mayor “diligencia en extender el idioma general de la Nación para su mayor armonía, y enlace reciproco” (Real Cédula de Carlos III). Disposición en total acuerdo con su inspiradora, la legislación francesa, que en 1794 establecía, bajo pena si se incumplía, que “ninguna acta publica podrá ser escrita mas que en lengua francesa, en cualquier parte del territorio de la República”.
Solo se ha hecho referencia a la etapa mas significativa y, también, visiblemente mas dura de la imposición y represión lingüística, agravada aún más si cabe por la etapa (siglo XX) de la última guerra civil con su posterior dictadura franquista -que intencionalmente obviamos por sobradamente conocida- y que solo ha sido el moderno antecedente a la situación posterior de perduración de la ya mencionada política borbónica solo superada por la realidad presente en la que los medios audiovisuales agravan y extienden con -¿irreversible?- perdurabilidad la gravedad de un problema cada día mas creciente debido a razones sociológicas favorecidas por objetivos políticos mediante actos de clara minoración de las lenguas y culturas distintas a la impuesta oficial.
Fundamental habría de ser para un régimen o sistema político que se autocalifica de democrático el total respeto y hasta destacada presencia y afán de perdurabilidad del idioma y cultura de cada territorio histórico mediante su práctica y fomento y, de manera permanente, la normalización (utilización de forma habitual) en todo tipo de relaciones comerciales, sociales, religiosas o de simple divertimiento, y no solo en el oficialismo burocrático, también en todos los medios de difusión. Pero evidentemente no es así.
Se ha mencionado la enseñanza por ser motor fundamental e inexcusable para la rehabilitación -recuperación- de un idioma (razón esta que explica la centenaria y persistente prohibición de dicha enseñanza por el aniquilador centralismo), y parecía que en tal sentido de recuperación en las escuelas apuntaba la acción del gobierno, de cualquier gobierno, desde el fin de la dictadura franquista, pero no es así: la política educativa sigue sometida y dependiente de la ideología cambiante e instrumental del partido o coalición que gobierna no solo a nivel del entero Estado sino de cualquier comunidad o nacionalidad, lo que siempre produce una total inseguridad y minusvaloración en la enseñanza y precaria normalización de su práctica, dura realidad al tratarse en la mayoría de los casos de idiomas ya de por sí muy afectados por su secular debilitamiento ahora incrementado por el duro reto de incorporación de la población migrante en aplastante mayoría procedente de países con idioma castellano y con el incomodo reto para tales nuevos ciudadanos de uso de otro idioma, el particular del territorio al que se incorporan. Un claro ejemplo de lo que se apunta es el “caso” valenciano perfectamente equiparable a otros en similares circunstancias. Los avances -aún eran muy cortos- al menos
inicialmente incentivados en su recuperación por alguno de sus gobiernos autonómicos se han visto prácticamente anulados en algún caso respecto a la “parla” que intencionalmente se ve calificada como lengua con personalidad y características propias, diferenciadas (me refiero al paradigmático caso del “valenciano” respecto al catalán) mediante argumentaciones acientíficas en absurda contradicción incluso con la Real Academia Española de la Lengua que jamás ha dudado en calificarlo como un dialecto del catalán al igual que el baleárico (es fácil de comprobar en el Diccionario oficial de dicha institución). Pero la intencionalidad de tal proceder, evidentemente político, es clara: para lograr su total anulación conviene mas la fragmentación y pintoresquismo provinciano, si acaso festero, útil para acelerar un final hoy mas agravado por los medios de difusión y por la ya apuntada fuerte inmigración que, lógicamente, si puede vivir y trabajar en una lengua oficial y de considerable extensión, el castellano, no va a perder el tiempo en aprender y utilizar otra minorizada que ni cultural ni sentimentalmente le importa.
Actualmente presenciamos un claro retroceso respecto a los intentos de “normalización” lingüística en el País Valencià (el mas claro y visible ejemplo contemporáneo de lo que denunciamos) que durante los últimos años se había intentado tanto por el PSOE como por el partido nacionalista Compromís, y tal retroceso puede conducir en poco tiempo a que el “valenciano” quede reducido si acaso a alguna manifestación fallera, que es el objetivo buscado por el centralismo. La enseñanza del “valenciano” se ha visto reducida por el nuevo gobierno PP-VOX a un 25% y además en la práctica es voluntario su aprendizaje y enseñanza lo cual comportará en poco tiempo lo que hemos anunciado: su desaparición. En definitiva ello constituirá el primer logro del aniquilador objetivo siempre buscado.
Este verano se han celebrado en Benicàssim las “IV Jornades Via Cultural” y de su moderada declaración final entresaco (traduzco): “El bilingüismo no puede ser excluyente” – “Se pone en cuestión el nombre del idioma oficial que hablamos para dificultar la identidad”- “La igualdad de todos los españoles se ha de basar en la diversidad no en la supeditación”. Una declaración
que tan solo es una constatación mas del problema asimilacionista y destructor que se mantiene por el gobierno (no importa su ideología) respecto al supremo signo diferenciador, nacional, de cualquier territorio: su lengua.
Como puede observarse en la mencionada declaración se elude el calificativo que merece la política practicada respecto a los “otros” idiomas del estado, política que en definitiva no ha variado ni en su intencionalidad aniquiladora ni en su permanente ejercicio para alcanzar su centenario objetivo: “…destruir, total o parcialmente a un grupo nacional “ (Convención de la ONU, Articulo II) que es como se refiere dicho organismo supranacional al GENOCIDIO, al menos al cultural, que también cuenta y es mas perdurable e irreversible que cualquier otro.
Evarist Olcina
