Me permito recordar lo que, a la hora de definir el concepto de “yuntero”, describía como tal la Real Academia Española en los siguientes términos: “el hombre que posee una yunta y trabaja con ella a jornal”.
Desde una perspectiva más actual y, a lo peor, un tanto pretenciosa, si utilizamos un lenguaje usual entre los juristas cabría explicar la figura del yuntero como aquella institución del pasado típica de la región extremeña en la que un profesional de la agricultura cuya propiedad más significativa era la de una yunta de bueyes o caballar se dedicaba a trabajar la tierra de otros propietarios, bien fuera a cambio de un jornal o bajo la modalidad de un contrato de arrendamiento o de aparcería.
Debiendo puntualizar que semejante institución adquirió carta de naturaleza y arraigo como consecuencia del fenómeno o proceso conocido bajo el nombre de “Desamortización” sobrevenido a lo largo del siglo XIX, mediante el cual se despojaron a las llamadas “manos muertas”, léase Iglesia, universidades, señoríos y sobre todo Ayuntamientos, los bienes raíces que poseían, en el caso de estos últimos bajo la denominación de Bienes de propios y comunales.
Iniciada la segunda República la patronal agraria se decantó mayoritariamente por una explotación digamos que más conservadora de las dehesas en atención al hecho de que no tenía garantizado el precio mínimo de los cereales, cuya cosecha de la temporada del año 1932 resultó excedentaria. Por medio de esta decisión la patronal conseguía reducir los gastos de sus explotaciones imputables a la mano de obra, pero a cambio de ello asestaban un duro golpe a lo que constituía el medio de vida de las familias yunteras. Y ocurrió lo que era casi inevitable: que los yunteros iniciaron un periodo caracterizado por una extrema conflictividad.
Sabido es la acción colectiva es el modo bajo el que la gente actúa en la búsqueda y defensa de los intereses que le son comunes. Los cambios en la acción colectiva responden a los cambios estructurales que en aquel momento eran generados principalmente por la crisis surgida en el año 1929, así como por la irrupción de los fascismos en el ámbito europeo.
La reacción de los yunteros consistió en llevar a cabo invasiones y roturaciones de la dehesas, huelgas, manifestaciones, coacciones a los meros obreros del campo, presiones a los propietarios, e incluso la provocación de las cosechas. Con las invasiones de fincas y las roturaciones “arbitrarias” lo que pretendían era ni más ni menos que revertir las precedentes desamortizaciones de aquellos montes que en su día tuvieron el carácter de públicos, -bienes de propios y comunales-, y que sobre todo en el año 1931 volvieron a ser arados por los yunteros.
De tales hechos y situación se hizo eco el discurso de apertura de los Tribunales en el año 1933. Los yunteros en todos esos casos actuaban en grupo, no ofrecías resistencia cuando intervenía la fuerza pública, pero volvían a invadir las mismas tierras durante la estación del invierno de los años 1931/32.
Como no podía ser menos, la patronal agraria plantó cara a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (F.N.T.T.), prohibiendo expresamente la contratación de los afiliados a dicho sindicato. Con idéntica finalidad la patronal de Andalucía, Extremadura y provincia de Salamanca acordó en reunión celebrada en Madrid en el año 1932 adoptar la estrategia de no arar las dehesas.
Las fincas objeto de las invasiones por parte de los junteros lo eran para recuperar los usos comunales que hasta el siglo XIX habían pertenecido a los municipios y que, por otro lado, habían originado y dado lugar a la mayor parte de las propiedades latifundistas.
Bien es cierto que las invasiones de fincas carecían de líderes conocidos. Detrás de las mismas solían estar la F.N.T.T., concejales socialistas y Casas del Pueblo, (socialismo agrario socialista). Predominaba la iniciativa de grupos de ámbito local, y se trataba de una dinámica espontánea cien por cien.
Sin embargo, fue durante la primavera del año 1936 cuando la protesta dejó de ser acéfala: tras radicalizarse la F.N.T.T. en lo sucesivo pasó a asumir la responsabilidad de las acciones reivindicativas.
Propuestas gubernamentales y presión patronal.
La acción del Gobierno republicano se vio jalonada por varias medidas, condensadas en la promulgación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria y el Decreto de intensificación de cultivos, ambos publicados en el año 1932.
Miguel Ángel Jiménez Martínez.
