«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.» A pesar de ser el artículo 47 de la Constitución Española, el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío creciente para muchos ciudadanos. En los últimos años, el mercado de alquiler ha experimentado un incremento en los precios que ha dejado a numerosas personas luchando por encontrar viviendas asequibles. Esta situación ha llevado a debates sobre la disponibilidad y accesibilidad de la vivienda en todo el país.
Uno de los aspectos más apremiantes del problema de la vivienda en alquiler en España es el aumento constante de los precios. Las rentas mensuales han aumentado significativamente en muchas ciudades, especialmente en las áreas urbanas, lo que dificulta que las familias y jóvenes encuentren una vivienda digna en nuestro país. Además, la escasez de oferta de viviendas en alquiler ha exacerbado esta problemática. Muchos propietarios han optado por el alquiler turístico a corto plazo debido a su mayor rentabilidad, lo que ha reducido la disponibilidad drásticamente.
Durante la última legislación en España se han tomado y propuesto varias medidas con el objetivo de hacer que la vivienda sea más asequible para la población. Se introdujo la creación de un índice que refleja los precios medios de alquiler en diferentes áreas geográficas de España, Ley de Medidas Urgentes de Contención de Rentas en el Mercado de Alquiler: Esta ley, promulgada en enero de 2021, permite a los municipios con mercados de alquiler tensionados implementar el control de alquileres si se demuestra un aumento excesivo de precios. Sin embargo, la aplicación de esta ley es opcional por lo que no se aplica.
Una de las grandes promesas y posibles soluciones nombradas por los partidos de izquierdas en esta campaña electoral es el fomento de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que son viviendas subvencionadas y sujetas a ciertas restricciones de precio y acceso. Estas viviendas están destinadas a familias con ingresos bajos o moderados y tienen precios menos elevados en comparación con el mercado libre, sin embargo, el número de VPO en España es insuficiente en la mayoría de las comunidades autónomas.
A pesar de haber promovido incentivos fiscales para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, como reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para propietarios que alquilan sus propiedades a precios considerables, el número de viviendas vacías que podrían ponerse en alquiler en España sigue siendo una cuenta pendiente de solucionar, según el INE: 3.837.328.
Si no hay viviendas en alquiler y las que se encuentran disponibles no son asequibles para la mayoría de la población que las necesita, esto hace que la última medida adoptada por el gobierno no resuelva este problema, ya que no se soluciona únicamente con ayudas, sino con ayudas de alquiler que son escasas y cuyos pagos se efectúan con retraso.
En la pasada legislatura los representantes de Más País, Compromís, BNG, Unidas Podemos y EH Bildu trataron de presionar al PSOE para incluir esta limitación en la Ley de Vivienda que vio la luz en mayo, a través de la presentación de diferentes enmiendas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
En la actual tesitura política es el partido de Sumar el que más propuestas en esta materia ha realizado; como establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.
Además de un compromiso de la creación de un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media. Entendiendo que este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario.
Sea como fuese, todas estas propuestas deben llevarse a cabo con la mayor urgencia posible, a pesar de la negativa de la derecha, ya que es un problema grave del que la gente más vulnerable es la más damnificada.
Maribel Leal
