Los carlistas siempre hemos entendido el concepto de soberanía como la capacidad de poder decidir en todo aquello que nos afecte. Hay quien confunde de manera interesada este concepto con el de independencia y el de querer separarse.
Siempre desde una perspectiva absolutamente constructiva y reivindicativa, sabemos que la soberanía es empoderamiento, que es capacidad de decisión libre y voluntaria, ni más ni menos la autogestión que como principio básico defendemos en todos los ámbitos de la vida. Y la comida es precisamente uno de esos ámbitos, digamos que demasiado importante como para dejarla en manos de unos pocos millonarios caprichosos capaces de especular, sin reparo alguno, con productos de primera necesidad.
Es obvio, más aún después de la pandemia, que el mercado de la alimentación está en manos de grandes empresas, quienes deciden qué se cultiva, fabrica y consume. No hay más que ver que en España, el 75% de las ventas se hacen en supermercados e hipermercados, y solo uno de ellos, Mercadona, concentra el 25% del total. Estas mismas empresas están bajo lupa por su incremento indiscriminado de precios, en ocasiones por encima de la inflación, o por no aplicar la bajada de IVA.
Por ello, la administración pública debe garantizar que el sector de la alimentación priorice el bienestar de las personas, los animales y el medio ambiente, desde los campos hasta las cocinas, incluido a todas las partes que están en medio. Es fundamental convertir a este sector no sólo en un negocio, sino un servicio en manos de la comunidad en el que los consumidores podamos decidir qué comer.
Aunque muchos lo desconozcan y aún no hayan oído hablar de ellos, existen supermercados propiedad de los consumidores. Los más avanzados en esta materia, los que apuestan claramente por ofrecer soluciones a los problemas existentes en este ámbito, se llaman supermercados cooperativos. Son tiendas de alimentación y bienes de consumo diario propiedad de sus clientes y clientas que tienen el poder de impulsar un gran cambio.
Estos supermercados cooperativos pueden crecer y cambiar según las necesidades de su comunidad siguiendo los principios de la economía social y solidaria, no según los intereses de unos inversores. Sus clientes pueden decidir qué tipo de productos se venden y qué márgenes se aplican. No tienen ánimo de lucro, así que sus ingresos sirven para cubrir los gastos derivados de operar la tienda y la estructura del supermercado. Si generan beneficios, se decide en común qué hacer con ellos, y normalmente se reinvierten en mejorar las condiciones laborales, los productos, o en bajar precios. Así, nadie tiene que vigilar si han subido los precios de su supermercado, porque tú mismo los decides.
Se pueden encontrar muy cerca de nuestros domicilios, es cuestión de informarse y de dar el paso, de comprometerse y ser coherente con un estilo de vida en el que el respeto al medio ambiente y el apoyo a nuestros productores vaya entrando dentro de nuestras prioridades. En un escenario actual en el que la gestión de la alimentación atraviesa todos los problemas sociales y ambientales del mundo contemporáneo, asociados a un modelo económico que busca beneficiar el dinero, no la vida, y en el que las grandes empresas se lo están llevando todo a costa del resto.
El Carlismo a lo largo de su ya dilatada historia, siempre ha tenido claro que se debe dar valor a un sector que es imprescindible para la sostenibilidad de la vida y para tener un territorio vivo, vertebrado y protegido. Que potencie relaciones justas entre productores y consumidores y que lo haga de manera sostenible, respetuosa, arraigada en el territorio y con una mirada larga, que construya alternativas a un sistema depredador que todo lo mercantiliza, generando iniciativas de base, enraizadas al territorio con el fin de transformar el entorno y las condiciones de vida de las personas.
El consumo consciente y crítico de alimentación es, también, un acto político. Por ello, debemos seguir trabajando para construir una economía de base democrática y local, que ponga las personas en el centro, y donde los bienes y servicios producidos se orienten a la satisfacción de las necesidades esenciales.
David Martínez
